Barcelona se halla en una coyuntura crítica que podría acarrear serias implicaciones en su estrategia deportiva para el venidero mercado de transferencias. La divergencia entre dos auditorías relacionadas con la comercialización de los asientos VIP del Spotify Camp Nou ha dado lugar a una considerable incertidumbre dentro del club.
En enero, una auditoría preliminar aprobó la transacción de estos asientos por un monto de 100 millones de euros, lo cual permitió al Barça adherirse a las normativas del Fair Play Financiero de LaLiga y registrar a jugadores como Dani Olmo y Pau Víctor. No obstante, la nueva firma auditora del club, Crowe Spain, cuestiona esta determinación, sosteniendo que los ingresos no deben ser contabilizados en su totalidad para esta temporada, dado que los asientos aún no están presentes físicamente.
Las potenciales repercusiones
Crowe Spain sugiere dos posibles escenarios: registrar únicamente los 58 millones que ya han sido percibidos o distribuir los ingresos a lo largo de los 20 años del contrato, lo cual equivaldría a 5 millones por temporada. Si LaLiga acepta este enfoque, el Barça podría enfrentar una reducción de hasta 42 millones de euros en su límite salarial para el próximo verano, lo que restringiría significativamente su capacidad para incorporar nuevos jugadores.
La defensa del Barça
El club azulgrana sostiene la validez de la auditoría inicial, argumentando que es fundamental para preservar su capacidad de fichar en el verano. Por su parte, LaLiga permanece a la espera, mientras el Barça intenta resolver la situación antes del 31 de marzo, fecha límite para la presentación de las cuentas auditadas.
Este escenario pone de manifiesto la frágil situación económica del FC Barcelona y su repercusión en la planificación deportiva del club. La resolución de esta disputa será crucial para el futuro del equipo en el mercado de transferencias.